Pereira, Marzo 23 de 2018. En 2016 se presentaron 777 tutelas, mientras que el año pasado la cifra se redujo a 570 tutelas. 

Liliana Giraldo Gómez, Secretaria Jurídica del municipio, presentó ante los concejales de la ciudad el informe de actividades de esa dependencia durante el 2017, especialmente en lo relacionado con la defensa jurídica del municipio. 

Indicó que durante el año anterior se instauraron contra el municipio 1.223 demandas, de estas el mayor número representa las demandas por nulidad y restablecimiento del derecho que representan 687 demandas. Las pretensiones por estas demandas ascienden a 233 mil millones de pesos en todo el año, hay que aclarar que las pretensiones se refieren a lo que pretenden obtener o reclaman los demandantes.  

También se presentaron acciones de grupo por valor de 57 mil millones de pesos, entre ella la sobretasa al deporte que representan alrededor de 40 mil millones; igualmente se presentaron 168 acciones populares, 168 procesos y 144 procesos ordinarios laborales. 

El concejal Carlos Mario Gil preguntó sobre las vigencias futuras para el alumbrado público proyecto que se ejecutó solo hasta marzo y teniendo en cuenta que se aprobó desde el año pasado por el Concejo municipal. También indagó sobre el avance del litigio de la ficha del Deportivo Pereira para que vuelva a ser del municipio, ya hay mucha inquietud de la ciudadanía sobre este tema en particular.  

Por su parte, el concejal Carlos Torres sostuvo que el municipio debe tener una buena oficina jurídica para enfrentar las demandas contra la Alcaldía y ello implica brindar plenas garantías laborales y de estabilidad a los abogados de la administración. Además, propuso crear una figura jurídica para dejar de manera definitiva a los contratistas que llevan muchos años trabajando consecutivamente, ya que han demostrado sus capacidades y su responsabilidad en la labor que desempeñan, así se haría justicia social y el municipio se evitaría muchas demandas. 

De igual manera, el concejal Carlos Alberto Henao dijo que en 2016 presentó un proyecto de acuerdo sobre la libertad religiosa el cual fue objetado y una de las razones era que no estaba dentro de la ley que el Alcalde perteneciera a este comité y desde la Secretaría Jurídica no se le ha prestado la debida atención a esta iniciativa, además en la actualidad se está formulando el decreto de la creación de la libertad religiosa y está formulado en el Plan de Desarrollo municipal como un subprograma dependiente de la Secretaría de Gobierno.  

A su turno, la concejala Carolina Giraldo preguntó sobre la razón por la cual los concursos de méritos que pasaron de 18 a 13 y los convenios interadministrativos pasaron de 6 mil a 18 mil millones de pesos, además se presentaron 100 derechos de petición que no se respondieron y se convirtieron en tutelas lo cual habla mal de la administración y la ciudadanía.