• El Concejo de Pereira recibió a funcionarios de Planeación para socializar el diagnóstico que sustenta la modificación del Acuerdo 078 de 2008. La intervención estuvo a cargo del doctor Julián Buitrago y el ingeniero Óscar Marulanda. Esta actualización busca una ciudad más organizada, justa y funcional.    

La intervención del secretario de planeación Julián Buitrago se centró en evidenciar la urgencia de actualizar dicho acuerdo, considerando que, tras 17 años de vigencia, sus limitaciones se hacen evidentes ante el crecimiento urbano, las nuevas dinámicas comerciales y la transformación del tejido social pereirano. Según lo indicado, el Acuerdo 078 se ha quedado corto frente a las demandas actuales y no ofrece herramientas suficientes para resolver los múltiples conflictos que enfrenta diariamente la administración municipal, especialmente en lo relacionado con solicitudes de comerciantes para formalizar el uso del espacio público. 

“La voluntad del alcalde no es ir contra la economía, sino contra el desorden. Debemos revisar a fondo este acuerdo para que la ciudad crezca bien, en convivencia y legalidad”, afirmó el secretario de Planeación. 

Durante su exposición, también se hizo referencia a la contratación de una consultoría especializada (FUCAR) , adjudicada mediante concurso de méritos, cuyo objetivo será acompañar el proceso de revisión normativa con criterios técnicos y de participación social. El propósito no es solo modernizar el marco legal, sino construirlo de forma colectiva, con el concurso del Concejo, los comerciantes, los habitantes y demás actores clave del territorio. 

Uno de los temas sensibles abordados fue el del conflicto permanente entre residentes y establecimientos comerciales en zonas mixtas , donde la falta de regulación clara ha derivado en afectaciones por ruido, ocupación indebida y pérdida de calidad de vida. 

El concejal Carlos Hernán Muñoz intervino para cuestionar la necesidad de contratar una consultoría externa, indicando que la administración cuenta con personal calificado para esta labor. A esto, el ingeniero Marulanda respondió justificando la decisión con base en la experiencia negativa de procesos anteriores.

También se enfatizó en que el artículo 7º del acuerdo vigente, que contenía 70 de las 74 páginas del documento, fue declarado nulo por el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira en marzo de 2023, hecho que dejó al municipio con un marco normativo desactualizado y jurídicamente frágil. Sin embargo, se aclaró que el fallo fue apelado por la administración y el proceso está pendiente de decisión por parte del tribunal competente.

Desde las bancadas del Concejo, los corporados expresaron opiniones divididas pero coincidentes en la necesidad de modernizar el acuerdo. El concejal Wilfor López llamó la atención sobre los rumores de que la administración podría pretender modificar el acuerdo por decreto, recordando que los usos del suelo son competencia exclusiva del Concejo , según lo establece la Constitución. 

El concejal Sebastián Ciro intervino con una postura firme en defensa del orden urbano, señalando que “el espacio público no puede seguir siendo tierra de nadie”. Propuso que la nueva normativa sea una herramienta moderna, tecnológica y justa, sin perder de vista la equidad y la inclusión productiva de quienes deseen formalizarse. 

Por su parte, el concejal Camilo Montoya recordó que esta iniciativa fue incluida en el Plan de Desarrollo por solicitud expresa del Concejo y celebró que el Ejecutivo haya respondido a ese llamado. A su vez, expresó preocupación por el posible retraso en la entrega de la consultoría, considerando que se requieren al menos cinco meses de elaboración y podría no llegar a tiempo para ser aprobado en esta vigencia. 

Se discutió también la necesidad de crear una Comisión Administradora del Espacio Público , con participación de Planeación, Gobierno y la Dirección de Espacio Público, que haga seguimiento, control y evaluación a la ejecución del nuevo acuerdo. Igualmente, se planteó fortalecer institucionalmente al operador (ADU) y diseñar nuevas tecnologías para la gestión de los permisos y contratos de aprovechamiento. 

Finalmente, varios concejales insistieron en que este nuevo marco normativo debe traducirse en mayor recaudo, mejor espacio público y mayor equidad territorial , en un entorno de gobernanza clara y con vigilancia ciudadana. 

“Pereira necesita recuperar el respeto por sus calles, sus aceras y parques. No se trata de excluir al informal, sino de ofrecerle un camino dentro del sistema”, concluyó uno de los concejales. 

La sesión cerró con el compromiso de la Secretaría de Planeación de convocar a mesas de trabajo con los concejales y las comunidades, para que el nuevo acuerdo sea el resultado de un verdadero proceso participativo y se garantice que su aplicación sea efectiva, legítima y acorde con la realidad actual de la ciudad.