Concejo adelantó seguimiento a políticas públicas de equidad de género, primera infancia, salud mental y derechos humanos y enfatizó la importancia de indicadores de impacto.

- El Concejo de Pereira realizó seguimiento a políticas públicas de género, infancia, salud mental y derechos humanos, valorando los logros en cobertura y atención.
En la sesión ordinaria del 28 de julio de 2025, el Concejo Municipal de Pereira realizó seguimiento especial al avance de las políticas públicas de equidad de género, primera infancia, salud mental y derechos humanos, contando con la participación de los equipos de la Secretaría de Desarrollo Social y de Salud, la Oficina de Paz y otras dependencias responsables.
La Secretaría de Desarrollo Social, liderada por la secretaria Marta Alzate y su equipo técnico, presentó el balance de gestión de la Política Pública de Equidad de Género, destacando un cumplimiento del 91,7% de las acciones previstas en 2024. Se resaltó la atención psicosocial a 5.990 mujeres, la ejecución de la aplicación móvil “Mujer Segura” y la reactivación del hogar de paso para víctimas de violencia de género, así como alianzas formativas con organizaciones sociales y empresas. El equipo enfatizó el trabajo en zonas rurales y la participación de más de 50 organizaciones de mujeres en los diferentes ejes de la política, así como el impulso a ferias laborales y emprendimiento femenino.
En cuanto a la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la subsecretaria Teresita Peláez expuso los resultados alcanzados en prevención del trabajo infantil, formación de 86 nuevas juntas infantiles, realización de más de 1.400 talleres y una cobertura focalizada en las comunas más vulnerables. Se recalcó el trabajo articulado con sectores como Educación, Salud y Cultura para garantizar derechos y fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes, además de logros en participación, prevención de violencias y apoyo a niños en situación de desprotección.
La Secretaría de Salud, a través del doctor Rodolfo Burgos, reportó los avances de la Política Pública de Salud Mental, sobresaliendo la atención integral en zonas de escucha, la línea 123 con psicólogos las 24 horas, la cobertura ampliada de la estrategia escolar “Mente Clara, Corazón Sano” y actividades pioneras en prevención de suicidio y fortalecimiento de relaciones de pareja. El equipo de salud mental atendió a más de 3.490 usuarios con acciones directas, capacitaciones y acompañamiento a familias y cuidadores, e implementó estrategias de reducción de riesgo en consumo de sustancias psicoactivas.
La Oficina de Paz y Reconciliación presentó el estado de avance de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, Paz y Reconciliación, con un cumplimiento del 82,64% en las 77 acciones estratégicas y la atención a más de 18.600 personas a través de programas pedagógicos, memoria histórica, acompañamiento a víctimas, formación a líderes comunitarios y fortalecimiento de escenarios de participación y articulación institucional.
Durante el debate, los concejales reconocieron el esfuerzo de los equipos técnicos y la articulación intersecretarial; sin embargo, insistieron en la necesidad de avanzar en la medición de indicadores de impacto real, más allá del cumplimiento de metas de producto. Se hizo hincapié en que los informes deben ser ejecutivos y enfocados en cómo las acciones están transformando la vida de las poblaciones objetivo, y no solo en la cantidad de actividades realizadas. Se planteó la importancia de sistemas de información unificados para seguimiento de violencias, rutas de atención y resultados de políticas públicas.
Así mismo, se reiteró la necesidad de fortalecer la articulación con sociedad civil, organizaciones comunitarias y sector privado, y de enfocar los esfuerzos en mejorar la cobertura en zonas rurales y la atención diferenciada a jóvenes, mujeres y niños. Los concejales señalaron que la evaluación de los efectos de las políticas públicas es difícil en el corto plazo, pero indispensable para la toma de decisiones, la asignación de recursos y la adaptación efectiva de los programas sociales.