Con 18 votos a favor, se aprobó el proyecto de acuerdo N° 025 de 2018, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal, para la contratación de compromisos que afectan el presupuesto de vigencia futura, con el fin de adelantar el proceso para la contratación del servicio de vigilancia privada, para la administración central del municipio de Pereira, en las modalidades de medios tecnológicos, con arma, sin arma y canina.  

Para la actual vigencia el municipio de Pereira cuenta con un contrato de vigilancia para cubrir los puestos de la Administración Municipal, el cual vence el 09 de Octubre de 2018. El servicio de vigilancia es indispensable y se requiere la continuidad de la prestación del servicio, para lo cual es necesario iniciar un proceso licitatorio para la contratación del mismo por lo que queda faltando de la presente vigencia y toda la vigencia de 2019. 

Esto con el fin de evitar traumatismos a la administración a comienzos de año por las dificultades que se presentan en la contratación por cambio de vigencia. Lo anterior, implica la necesidad de solicitar autorización al Concejo Municipal para comprometer presupuesto de vigencia futura ordinaria puesto que el proceso contractual y la ejecución del contrato debe iniciarse en la presente vigencia. El valor total a comprometer de vigencia futura para el año 2019 es de $ 7.700 millones, resultante de aplicarle al valor correspondiente a la presente vigencia. 

Estos compromisos de vigencia futura, cuya autorización se solicita, cumplen con todos los demás requisitos exigidos por la Ley 819 de 2003 puesto que están acorde con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2016-2019; de la vigencia futura que se solicita se dispone de una apropiación superior al 15% en la presente vigencia fiscal, no exceden la capacidad de endeudamiento del municipio y tienen aprobación previa del COMFIS. 

Con este proyecto se pretende garantizar la seguridad y protección a todas las Secretarías y dependencias de la Administración Municipal, bienes muebles e inmuebles y demás edificaciones que constituyen el patrimonio público municipal, así como a los funcionarios, usuarios y comunidad en general que ingresan a las diferentes instalaciones, disminuyendo el riesgo de dejar sin vigilancia todos los puestos antes relacionados, por el cambio de vigencia.